Juicio Grupo Gdeim Izik: Nulo de pleno derecho

Los únicos testigos la defensa admitidos y que declararon en el procedimiento fueron: Mohamed Salmani, Bachir Salmani, Mohamed Balkasmi, Mohamed Abhaoui y Hassan Dalel,

7ª.- Ausencia de garantías de un debido proceso legal y una correcta administración de justicia, puesto que los expedientes policiales, judiciales y la fase de juicio oral, se han visto gravemente afectada por las actividades políticas y opiniones de los encausados que han primado sobre los hechos. Habiendo constatado esta Misión por ello, la inexistencia de una justicia imparcial e independiente en el juicio, debiendo calificar el proceso de JUICIO POLÍTICO y a los presos, como PRESOS DE CONCIENCIA.

8ª.- La Misión de observación ha constatado numerosos vicios en el procedimiento que, debieran haber provocado nulidad de pleno derecho, desde la fase instructora,en concreto y siempre a la luz del Derecho que se aplica en el Territorio: 

a) La falta constatada (y denunciada reiteradamente en todo el juicio) de pruebas de cargo presentadas por parte del Procurador General del Rey y por parte del Juzgado de Instrucción, INVALIDAN TODO EL PROCESO, ya que no ejercieron su función de garante de la legalidad, vulnerando el principio de la tutela  judicial efectiva (vigente en su sistema penal), y de presunción de inocencia, aceptando las declaraciones policiales, obtenidas, como relatan todos los testimonios, bajo inimaginables formas de tortura, SIN PRUEBA DE CARGO alguna en el procedimiento.

b) Ausencia de identificación de las personas cogidas por las fuerzas de seguridad, con pruebas inculpatorias en la propia fase instructora; ello significa que son detenidos arbitrariamente y por el hecho de su condición de saharauis, miembros de comités y defensores de derechos humanos, miembros de la Comisión de Negociación de Gdeim Izik o por sus opiniones sobre la autodeterminación del Sahara Occidental, siendo llevados a centros de detención, antes, durante o después del campamento de Gdeim Izik, sin relación con los hechos, permaneciendo durante días en paradero desconocido.

c) Vulneración del derecho de defensa, mediante una negación sistemática a la práctica de pruebas exculpatorias, tanto en fase instructora como en fase de plenario, impidiendo de facto poder demostrar la inocencia, siendo especialmente groseras las negaciones de práctica de prueba, solicitadas insistentemente por la defensa, en toda la fase de plenario, médicas para la demostración de la tortura y testificales muy cualificados como el Ministro del Interior marroquí y la parlamentaria Gajmoula Ment Abbi

d) Ausencia de Letrados en las detenciones, en las sedes policiales y judiciales.

e) Ausencia de comunicación a los familiares de los detenidos.

f) Utilización de métodos policiales violentos, torturas y coacciones físicas y de todo orden en sede judicial, realizadas en presencia del juez de instrucción Bakkali Mohammad, hoy fallecido, para la obtención de la firma o la huella estampada al final de la redacción de las confesiones de autoría.

9ª.- Se constata por la Misión la vulneración de los derechos de libertad de expresión, conciencia, reunión y asociación en el territorio, pendiente de descolonización por Naciones Unidas y de la celebración de un referéndum de autodeterminación del pueblo Saharaui; y la expresión de opiniones políticas, que se realizan en el ejercicio de los derechos civiles reconocidos por los tratados internacionales suscritos por Marruecos, son reprimidos.

En la fase oral. el Tribunal pretendió en todo momento anular y evitar tales declaraciones; y que solo tras una fuerte defensa de los letrados y una reunión celebrada a puerta cerrada entre el Tribunal y estas, les fueron permitidas la mismas.

10ª.- La detención, torturas y condena, así como su estancia en prisión de los manifestantes saharauis,  responde a la política decidida y sistemática de represión de los activistas políticos que mantiene el Reino de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental, como método de minimizar el movimiento creciente de la población saharaui de reivindicar el derecho de autodeterminación reconocido por Naciones Unidas, defendiendo que se respeten sus derechos, cuya máxima expresión fue el campamento de Gdeim Izik.

11ª.- El estado de terror que refieren los testimonios, los relatos de torturas y represión que han sido relatados en fase de plenario, vulneran, además del derecho penal marroquí que se les aplicada a los habitantes del Sahara Occidental, los convenios internacionales suscritos por Marruecos como son la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1966), los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y delito de torturas, (Ratificado por Marruecos en 1950) .

12ª.- Esta misión de observación pudo constatar que, las condiciones necesarias para la celebración de un proceso justo, ecuánime e independiente no se han dado. La excesiva e injustificada presencia policial, dentro de la sala, en las dependencias del tribunal y en las calles adyacentes, estas con centenares de vehículos antidisturbios, camiones con cañones de agua preparados para intervenir, situados en lugares visibles, unido a la presión que sufrieron los observadores que asistían a la vista dentro de la sala y fuera de ella, amenazas a los traductores, cuyas familias fueron “visitadas” en el Sahara Occidental, siendo advertidas claramente de que la actividad de traducción, inhibidores de frecuencia en toda la zona que impedían la comunicación telefónica, unido a la presión mediática de los medios de comunicación marroquíes, que junto con la policía, filmaron y fotografiaron a los observadores y, en especial, a los presos, siendo difundidas dicha imágenes en portadas de revistas y periódicos, sin su autorización, constituyen un ejercicio inadmisible del poder del Estado, que necesariamente ha influido en esta administración de justicia, que ha dificultado, sobre manera, este. Las denuncias de las defensas realizadas ante el tribunal, no sirvieron para que a los acusados les fueran respetados sus derechos